Solvencia administrativa:

• Capacidad de obrar y habilitación profesional.
• Objeto social alineado con la especialidad.
• Cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
• Ausencia de prohibiciones de contratar.
• Posibilidad de participación individual o en UTE, acumulando capacidades.

Solvencia económico-financiera:

• Evaluación de la situación financiera mediante indicadores como solvencia, liquidez, tesorería, endeudamiento, etc.
• Basada generalmente en cuentas anuales de los últimos 3 años.
• Permite comprobar que la empresa cuenta con capacidad financiera suficiente para asumir contratos.

Solvencia técnica y profesional:

• Experiencia en servicios similares realizados en los últimos años.
• Acreditación de al menos un contrato relevante, con evidencias de ejecución.
• Sistema de gestión implantado: requisitos, configuración, verificación y validación, riesgos, aseguramiento de calidad, etc.
• Certificación habitual: ISO 9001 o equivalente.

Consideraciones adicionales:

• Las empresas de nueva creación pueden acreditar solvencia mediante la experiencia de su equipo técnico.
• En caso de no existir actividad reciente, puede admitirse experiencia de hasta 5 años.
• Para proyectos vinculados a Defensa, pueden exigirse requisitos adicionales específicos como HSEM, normativa PECAL u otros.

Resultado del proceso:

• Las empresas que cumplen los requisitos se incorporan al panel correspondiente.
• Posteriormente se clasifican por categoría, en función del volumen de ejecución acreditado y del tamaño de la empresa.